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Boletín 221: "La presión por la legalización del aborto en América Latina: datos incontrastables"


franck maria ines

20 de Noviembre, 2013

 


Por María Inés Franck
www.observatoriointernacional.com

Hace pocos días se dieron a conocer las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre la situación de los mismos en Bolivia. En el apartado N°9, se le recomienda fuertemente al Estado boliviano que “a) Suprima la autorización judicial previa en los casos de aborto terapéutico y como consecuencia de una violación, estupro o incesto, con el fin de garantizar de manera efectiva el acceso al aborto legal y seguro en dichos casos previstos por la ley; b) Se abstenga de procesar a mujeres por haberse sometido a abortos ilegales como consecuencia de los obstáculos derivados del requisito de la autorización judicial previa”.

 No es la primera vez que tienen lugar estas presiones y atropellos de los organismos internacionales que buscan limitar la soberanía de los Estados latinoamericanos en una materia tan sensible como la protección de la vida humana en todas las circunstancias. Esta tendencia viene teniendo lugar desde comienzo del s. XXI, cuando estos organismos comenzaron su andanada de imperativos a través de los informes periódicos sobre los derechos humanos en la región. Es importante recordar que, aunque impresione la insistencia de todos estos Comités en la aprobación del aborto, los documentos emitidos no son vinculantes para los Estados, es decir que no los obligan, siendo simples recomendaciones.

Llama la atención que todos los ámbitos de los derechos humanos son, para estas instituciones, propicios para imponer la sanción de leyes que autoricen el aborto. Así, parecería que la despenalización del aborto estuviera en el centro de los derechos humanos mismos y fuera considerado prioritariamente por estos organismos, dejando de lado las importantísimas necesidades y violaciones de derechos que ocurren en nuestro continente. Por otra parte, se produce una paradójica situación: bajo la pretensión de imponer el aborto, se minan las bases del primer derecho humano, el derecho a la vida, que pierde peso en su protección absoluta.

Así, en una andanada sin precedentes en un derecho internacional que aún reconoce la soberanía de los Estados, estos organismos han fustigado a Latinoamérica con presiones para sancionar leyes vinculadas al aborto, siendo Argentina y Nicaragua los Estados más atacados (con cinco observaciones cada uno):

 - El Comité de los Derechos de la Mujer: a los Estados de República Dominicana, 2004; Venezuela, 2006; Cuba, 2006; México, 2006; Nicaragua, 2007; Colombia, 2007; Perú, 2007; Uruguay, 2008; El Salvador, 2008; Guatemala, 2009; Haití, 2009; Honduras, 2009; Argentina, 2010; Panamá, 2010; Paraguay, 2011; Costa Rica, 2011; Brasil, 2012; Chile, 2012.

- El Comité de los Derechos del Niño: a los Estados de Colombia, 2006; Perú, 2006; Venezuela, 2007; Argentina, 2010; Ecuador, 2010; El Salvador, 2010; Nicaragua, 2010; Costa Rica, 2011; Cuba, 2011.

- El Comité de Derechos Humanos: a los Estados de Bolivia, 1997 y 2013; Chile, 2007; Nicaragua, 2008; Panamá, 2008; Argentina, 2010; Colombia, 2010; República Dominicana, 2010; El Salvador, 2010; Guatemala, 2012; Paraguay, 2013.

- El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: a los Estados de Panamá, 2001; Chile, 2004; El Salvador, 2006; México, 2006; Costa Rica, 2007; Bolivia, 2008; Nicaragua, 2008; Brasil, 2009; Colombia, 2010; Uruguay, 2010; Argentina, 2011; Ecuador, 2012; Perú, 2012.

-  El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad: a la República Argentina, 2012

- El Comité contra la Tortura: a los Estados de Nicaragua, 2008; Paraguay, 2011y Bolivia, 2013.

- El Comité contra la Discriminación Racial: a la República Bolivariana de Venezuela, 2002


De nada sirve que algunos de esos países muestren las tasas de mortalidad materna más bajas del mundo, como es el caso de Chile, con 25 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos, o Uruguay con 29 casos (recordemos que la tasa de mortalidad materna en Estados Unidos era de 21 casos cada 100.000 nacimientos, según los últimos datos disponibles, es decir, apenas inferior a Chile y Uruguay).

Sin tener en cuenta esa evidencia, sigue esgrimiéndose el argumento de la supuesta necesidad de sancionar leyes de aborto para lograr la disminución de la mortalidad materna. Y es precisamente a Uruguay a quien el Comité de los Derechos de la Mujer espetó en 2008 que era de lamentar “no se hayan elaborado estrategias para reducir la mortalidad materna y que las políticas de salud materna no incluyan la atención a las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo” (apartado 38). Y, por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales insiste en 2010: “el Comité expresa preocupación porque (…) la práctica de abortos en condiciones no adecuadas ha provocado la muerte de muchas mujeres” (apartado 24).

La protección de la vida humana desde el comienzo mismo de la existencia de la persona, es decir, desde la unión del óvulo con el espermatozoide para formar el cigoto (llámese esto ‘concepción’, como se entendió siempre, o ‘fecundación’, como se le dice ahora) está siendo ideológicamente combatida por el sistema internacional de “derechos humanos”, aunque dicha protección sea comprobadamente complementaria con el cuidado de la vida y la salud de la vida de la mujer.

En este sentido, hace pocas semanas (del 12 al 15 de agosto de 2013) tuvo lugar en Montevideo la primera sesión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe. El documento emitido en esta reunión se tituló “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”, allí vuelve a fustigarse a nuestros países con el largamente refutado argumento de que la penalización del aborto conduce a altas tasas de mortalidad materna. Así, se achaca a la penalización del aborto la responsabilidad porque la región esté lejos aún de cumplir con las llamadas “metas del milenio” en materia de salud materna.

Si esto no fuera cierto (y los datos de Uruguay y Chile demuestran que no lo es), ¿no se estaría descuidando, por motivos ideológicos, la atención de las verdaderas causas que perjudican la salud de nuestros pueblos? Si fuera correcta la política de los Estados que lograron hacer descender significativamente las tasas de mortalidad materna en los últimos años, ¿no se estaría fustigando y desalentando una probada solución de este grave problema? Porque también las decisiones de los organismos internacionales pueden equivocarse.