El documento de trabajo de la Convención consideraba en el artículo 25:
| “(Los Estados) Proporcionarán a las personas con discapacidad servicios de salud a precios asequibles y de la misma variedad y calidad que a otras personas, [incluidos servicios de salud sexual y reproductiva] y programas de salud pública dirigidos a la población;” |
Los corchetes son el convencionalismo para mostrar que en ese punto no hay consenso. Muchos países ya habían expresado su objeción en las sesiones preparatorias. Normalmente y en la medida que no es un tema central para la Convención, una falta de consenso así ya hubiese provocado el retiro de la frase. Sin embargo, el Embajador de Nueva Zelanda Donald Mc Kay que preside las sesiones se ha negado a retirar el término y ha mantenido abierta la discusión con la esperanza de incluirla. A decir de Austin Ruse, presidente de C-FAM, “la gente de las Naciones Unidas se llena la boca hablando de consenso, excepto cuando éste va en contra de ellos”.
Son 23 las naciones lideradas por Nicaragua las que se han opuesto a la inclusión de “salud sexual y reproductiva” en la Convención. En apoyo a Nicaragua, se han manifestado las delegaciones de Estados Unidos, Honduras, Egipto, Costa Rica, Bangladesh, Tanzania, Túnez, Qatar, Kenia, Filipinas e inclusive para sorpresa de muchos la usualmente liberal Noruega. Aún así, Mc Kay no ceja en su intento. Se espera que las negociaciones continúen por el resto de la sesión ya que muchas delegaciones han mantenido una opinión favorable al término aún cuando son incompatibles con sus Constituciones.
La naturaleza controversial de la frase en cuestión consiste en que las Naciones Unidas nunca ha ofrecido una definición oficial y más bien ha sido usada por múltiples ONGs radicales dejando ver que para ellas incluye el aborto. Muchas de estas organizaciones están presentes en las sesiones de la Convención y son las más entusiastas lobbystas de la inclusión del término. Adicionalmente hay que decir que algunos comités de monitoreo de otros tratados han hecho “recomendaciones” (no vinculantes por cierto) diciendo que los servicios de “salud reproductiva” deberían incluir servicios de aborto y cambiar la legislación local. Asimismo, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo que tampoco es vinculante pero que puede usarse como una buena referencia para esclarecer el punto, definió el término “salud reproductiva” incluyendo los servicios de aborto. Por lo tanto, es hipócrita pretender incluir esta frase y al mismo tiempo decir que no se pretende despenalizar y favorecer la práctica del aborto donde ahora es ilegal.
Demás está decir que el lobby de ONGs pro abortistas en New York ha sido fortísimo. Sin embargo, lo que es importante señalar es que este “lenguaje” ya viene “enlatado” desde los países dando la apariencia de un consenso. Nuestras fuentes presentes en el evento nos informan que el cinismo impera en muchas delegaciones. De otra manera no es posible que los representantes de varias naciones cometan los mismos errores de apreciación y omisiones con respecto a sus legislaciones. Tomemos dos ejemplos de países latinoamericanos, Ecuador y Perú.
¿Quién opina en la ONU en nombre de todos nosotros?
Romy Tincopa, Consejera de la Misión Permanente de Perú en la ONU, tomó la palabra en la sesión del día 16 de Agosto y refiriéndose a la inclusión de los términos “salud sexual y reproductiva” dijo lo siguiente:
| "Apoyamos la interpretación en el sentido de que eso no crea nuevos derechos internacionales.(...) diferentes documentos internacionales ya han acuñado este término y muchos países ya lo tienen incluido en su legislación nacional. Por lo tanto, creo que es muy importante que esta Convención que es un paso adelante en Derechos Humanos mantenga esta expresión" (1) |
Por supuesto a la señorita Tincopa poco le importó que “Salud Reproductiva” es un concepto jurídico cuya definición no está contemplado en el marco jurídico peruano. Tampoco tomó en cuenta que el Perú presentó sendas “reservas” a El Cairo y Beijing sobre el término “salud reproductiva”. Mucho menos que el Congreso de la República ha rechazado el término en varios proyectos de ley. La señorita Tincopa simple y llanamente pasó por encima de todas las instancias de poder correspondientes a la soberanía de su país y apoyó la moción de Mc Kay porque a su parecer, mantener esta expresión “es un paso adelante en Derechos Humanos”.
Fuentes cercanas a la presidencia del Consejo de Ministros mencionaron que la incomodidad y estupefacción por la posición expresada por esta funcionaria ha llegado hasta las mas altas esferas. Al parecer, la señorita Tíncopa ha expresado una opinión ignorando la falta de consenso en el Congreso sobre este tema. En la pasada legislatura, un proyecto sobre Ley General de Salud Reproductiva generó gran polémica en la Comisión correspondiente que es la de Población, Salud, Familia y Personas con Discapacidad.
La opinión de la representante de Ecuador apoya en los mismos términos la “figura de que esto no reconoce nuevos Derechos Humanos o nuevas obligaciones jurídicas. Mi país considera indispensable que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones con otras personas a los servicios de salud, incluido los servicios de salud reproductiva”. (2) |
