El reciente caso de Paulina Ramírez no es hecho aislado. Es parte de una nueva estrategia para forzar el aborto en América Latina promovida por el controvertido “Center for Reproductive Rights” (CFR) de Estados Unidos y de sus socios regionales para someter al estado mexicano de Baja California a aprobar en la práctica el aborto por violación.

Tres casos manipulados

CFR se dedicó a escoger tres casos cargándolos de una fuerte dosis de dramatismo que jugara a favor de sus pretensiones.

Los tres casos son los de Paulina Ramírez (México), descrito por el CFR como el de “un aborto en una adolescente que fue violada cuando la ley mexicana no considera esa como causa de despenalización”; Karen Llantoy (Perú), madre de un niño anencefálico en cuyo caso los demandantes presentaron el caso como un aborto “terapéutico” argumentando que el delito del aborto no es penado cuando está en peligro la vida o salud de la madre; y Mamérita Mestanza (Perú) muerta por una esterilización forzada y falta de atención médica cuando presentó complicaciones.
En los tres casos mencionados, existen los elementos comunes:

• Una reinterpretación ideologizada de los pactos y tratados internacionales y
• Un sobredimensionamiento del papel de los comités de seguimiento de estos tratados”.
• El reclamo es la pretensión del reconocimiento de algún “derecho reproductivo” por parte del Estado en especial del aborto.

Hay que recordar que las recomendaciones de estos comités no son vinculantes, es decir, que no obligan a un país; y sin embargo la estrategia del CFR es la de intimidar a las naciones con apoyo de otros organismos de derechos humanos y hacerles creer que están incumpliendo acuerdos internacionales vinculantes.

De esta manera, cuando un Estado cede ante la presión, establece un conjunto de “acuerdos” que significan la aceptación de la práctica del aborto, y establece un precedente para futuros casos.

En el caso más reciente, el de Paulina Ramírez en México, el CFR, con el apoyo de otros organismos internacionales y de organizaciones anti-vida mexicanas, demandó al estado mexicano de Baja California “por impedirle el acceso al aborto ya que, según los demandantes, el nacimiento del niño –que paradójicamente hoy Paulina cría con amor– violó su integridad sexual”.

Finalmente, el estado de Baja California aceptó pagar una indemnización a Paulina y se comprometió a asegurar que “episodios como los de Paulina no volverán a suceder en el estado”

Es absolutamente claro que no existe en el CFR ningún interés por entender o respetar un marco legal que protege la vida como tradición y como convicción. Se trata de una subversión del orden legal pensada y planificada desde una oficina de Nueva York.

Si las organizaciones anti-vida como el CFR se aproximaran objetivamente al problema de la mortalidad materna en el Perú, enfocarían sus esfuerzos a su principal causa que es el parto mal atendido cuyas consecuencias son más de tres cuartos de las muertes maternas. Son los objetivos ideológicos los que hacen que se enfoquen en el aborto que es causa sólo del seis por ciento de ellas.

Las mujeres concretas son sólo un pretexto, son utilizadas.

Para quien no está enterado de estos propósitos, estos litigios podrían pasar como una desinteresada preocupación por estas mujeres. Y nada es más alejado de la verdad. CFR ha buscado asociarse con organizaciones feministas para dar esta impresión. Se trata de una fingida "defensa de la mujer". Pero en realidad no es más que una instrumentalización de unas mujeres pobres o en situaciones dramáticas en función a ciertos objetivos predeterminados, a una agenda ya definida de antemano. Y las personas reales sólo terminan siendo pretextos.

Por ejemplo, la familia de Mamérita Mestanza que recibió apoyo legal de DEMUS y CLADEM para su demanda, logró un acuerdo amistoso en Agosto del 2003. En ese acuerdo, junto a la lógica indemnización a la familia de Mamérita, el Estado peruano se comprometió a promover los derechos reproductivos dándole espacios en la política de gobierno a estas instituciones. Espacios que fueron ocupados rápidamente y con mucha inversión por parte de estas organizaciones. Pero la familia de Mamérita tuvo que esperar hasta hace tres meses para comenzar a recibir parte de la indemnización prometida.

¿Quién apoyó económica, psicológica y socialmente a esta familia todo este tiempo desde la muerte de Mamérita en 1996? No fueron los cuantiosos fondos de CFR ni los que a su vez reciben DEMUS o CLADEM. Fue la Iglesia Católica a quien tanto atacan y discriminan en temas de salud y derechos humanos. Exactamente la Pastoral de la Salud del Obispado de Cajamarca.

En el caso de Paulina Ramírez la situación es parecida. Según Ana Victoria Bermúdez, residente de Mexicali, su coterránea Paulina Ramírez “ha salido ganando mucho dinero, en esas fechas los diputados le dieron 50,000 pesos. De ser una persona muy humilde, hoy tiene casa propia. Nos rechazó beca para ella y su hijo en una universidad particular, ya que tenia la consigna de no aceptar nada de personas pro vida. Y como bien dicen, ahora esta feliz con su bebé”. Y añade que ha habido desde entonces mucha cerrazón sobre el total del dinero entregado a Paulina. Sobre todo el caso también se han abierto dudas, puesto que el hombre acusado de la violación (con total seguridad por parte de Paulina) ha dado negativo en dos pruebas de ADN.

No hay muchos datos sobre Karen Llantoy. Solamente que ya no radica en el Perú. Vive en España desde hace un tiempo como muchos otros que han emigrado a procurarse un futuro económico mejor en un país del primer mundo. Ella reclama 100,000 dólares al empobrecido Estado peruano como reparación por ... ¿el trauma sufrido de no poder matar a su hijo enfermo?

Ver :: Boletín 37 (31/03/2006)