Pero hoy la realidad nos muestra que “el remedio fue peor que la enfermedad”. Tasas de natalidad reducidas a la mitad o a la tercera parte, menos nacimientos, menos gente joven, una población más envejecida y, en general, una tendencia a la “implosión demográfica”. Y no hablamos de Europa o Japón, hablamos de nuestros países latinoamericanos. También nosotros deberemos atender a un gran contingente de personas mayores pero sin los recursos de los países desarrollados (y más pronto de lo que algunos suponen). Y claro, contrariamente a las promesas de los antinatalistas, se agudizará la pobreza amén de otros problemas como el colapso del seguro social y de pensiones.
Esta realidad bastaría para detener los programas antinatalistas. Pero eso sería terminar con la existencia de muchas organizaciones “civiles” y disminuir el lucro de algunos laboratorios farmacéuticos.
Por eso ya no son los demógrafos los que salen al frente. Son más bien las organizaciones feministas. Ayer eran técnicos (médicos o demógrafos) en su mayoría varones, hoy son mujeres, “luchadoras por sus derechos”. Antes era por una supuesta “necesidad social”, actualmente se trata de un supuesto “derecho individual”. Lo que permanece invariable es el resultado final: nos siguen vendiendo los anticonceptivos (después será el aborto).
Cuando un producto está en riesgo de salir del mercado, una de las alternativas que sugiere la mercadotecnia es cambiar los parámetros de pensamiento sobre ese producto. Es por eso que ahora ya no importa la demografía. Necesitaban una nueva estrategia para seguir vendiendo. La nueva estrategia consiste en llevar al extremo una visión negativa de procrear y criar hijos. Esa visión se ha plasmado en el discurso de los “derechos sexuales y reproductivos”.
Para tal efecto, la llamada “ideología de género” ha sido el vehículo ideal y necesario. El “género” se “crea” al gusto del sujeto. Esto permite vivir la sexualidad sin ningún parámetro dado que el género es algo arbitrario. Un ejemplo (y no el único) es el proyecto de ley 810 del Parlamento Boliviano, “Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos”, en su art. 2º describe el “derecho sexual” como: “El derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin más límites que los expresamente señalados por Ley y los derechos de otras personas”. ¿Y qué conductas sexuales pueden estar incluidas? No lo dice.
Lo que sí es evidente es que organizaciones feministas pro aborto, asociaciones de homosexuales y otras ligadas al negocio de la anticoncepción, así como UNFPA y USAID vienen apoyando la promulgación de esta ley.
Los siguientes artículos del mencionado proyecto de Ley obligarían al Estado a garantizar estos “derechos individuales” con fondos públicos e incluso castigar a aquellos que se opongan o no cumplan con ofrecer estos servicios. Finalmente todo cobra sentido con un marco legal y políticas públicas como éstas que buscan mantener vigente la demanda de anticoncepción en los mercados público y privado. No importa que los datos demográficos, económicos o de cualquier otro tipo digan que esto es peligroso para el futuro del país. Lo importante es mantener intacto el negocio.
Luego del veto presidencial a un proyecto de ley que creaba los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia, el Fondo de naciones Unidas para Actividades en Población (UNFPA) y USAID realizan denodados esfuerzos por reintentar su promulgación. Actualmente están financiando la realización de Audiencias Públicas totalmente manipuladas para presionar a los parlamentarios. Aún así el pueblo está expresando su rechazo a este proyecto de ley. Esto ha llevado a los organismos internacionales a publicar sesgadamente los resultados de la consulta popular dejando fuera Asambleas enteras donde el resultado les ha sido adverso.
La situación actual del país, en época pre electoral, ha distraído totalmente la atención de los parlamentarios que posiblemente trasladen el tratamiento del proyecto de ley 810 a los parlamentarios entrantes, debido a la polémica que se ha generado. |
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Congreso de Bolivia |
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Inusitada celeridad al presentarse el proyecto de ley
Parecía que algunos parlamentarios bolivianos se habían propuesto implantar un récord al tratar de promulgar el Proyecto de “Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos”. Desde la presentación del proyecto de ley sólo les tomó 8 días calendario para conseguir su aprobación tanto en las Comisiones como en los plenos de la Cámara de Diputados como la de Senadores.
Lo “curioso” es que la celeridad no es un hábito en ellos. La evidente intención era sorprender a muchos de sus colegas violando casi todas las disposiciones reglamentarias del Congreso Boliviano pues precisamente éstas permiten el análisis y debate de los proyectos de ley tomando más tiempo. No deja de producir indignación que ante tantas necesidades urgentes del pueblo boliviano se haya soslayado otros proyectos que esperaban ser debatidos.
Recibido un día miércoles 28 de abril de 2004 en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, es tratado al día siguiente, jueves 29, y aprobado en las estaciones grande y detalle en una sesión en la que no se pudo ni siquiera constatar la presencia de quórum requerida por el Reglamento de la Cámara y la propia Constitución Política del Estado. Por supuesto no pudo ser considerado en la agenda semanal de temas a tratar y los parlamentarios no pudieron haber recibido el documento con oportunidad para su revisión y análisis.
Aprobado el Proyecto de Ley 810 en la Cámara de Diputados (Cámara de Origen) es remitido a la Cámara de Senadores (Cámara Revisora) en la cual día miércoles 5 de mayo es aprobado en grande y detalle, con un informe de la Comisión de Trabajo, Asuntos de Género y Generacionales, que es presentado en la misma sesión, sin dar oportunidad de análisis y revisión a los parlamentarios. No se tomó en cuenta a la Comisión de Hacienda, Política Económica y Crediticia, que debía prever el respaldo económico para el cumplimiento de la Ley, así como a las Comisiones relacionadas con el tema salud de ambas Cámaras.
Contenido del Proyecto de Ley
En la compilación de disposiciones existentes sobre el tema manifiestan que es necesario reemplazar un inadecuado enfoque punitivo y de salud por un “enfoque integral de derechos”. Bajo esta “concepción ampliada de derechos humanos”, introducen en la legislación boliviana el concepto de “derechos sexuales y reproductivos”, en concordancia con corrientes contemporáneas en derechos humanos y derechos de la mujer y compromisos internacionales asumidos por el país. Asimismo indican que al aprobar la ley se estará dando cumplimiento a los compromisos asumidos en las Conferencias Mundiales de Derechos Humanos (Viena 1993), Población y Desarrollo (Cairo 1994) y Mujer (Beijing 1995), así como las Convenciones Internacionales vinculadas. La relectura ideológica que se hace sobre estas reuniones ya ha sido descrita en algunos de nuestros boletines anteriores.(Ver www.lapop.org )
Por tratarse de una ley marco, definen los derechos y el rol del Estado en la promoción, protección y garantía de cumplimiento. La implementación gradual y progresiva de normas específicas se delegan al Poder Ejecutivo a través de Políticas Públicas.
En las conclusiones mencionan que el Proyecto responde a requerimientos de la sociedad (los que en realidad nunca se conocieron). Menciona que Bolivia es un Estado Laico en el que los Poderes son independientes en el ejercicio de sus atribuciones por lo cual “...no se realizaron consultas expresas a iglesias ni sectas religiosas”.
Veto del Presidente Carlos Mesa
Una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Senadores fue sancionado y remitido al Presidente de la República para su promulgación. El Presidente de entonces, Carlos Mesa, vetó y observó el proyecto de ley señalando sus motivos. En primer lugar mencionó que el Proyecto hace referencia a derechos “relativos” que tocan valores esenciales para el ser humano.
Además que los Convenios Internacionales “recomiendan”, no obligan, y deben armonizarse con otros derechos de la Legislación Nacional. Finalmente que la consulta realizada no fue suficiente. Señaló también que estas observaciones deberían ser tratadas más ampliamente en Congreso, en ambas Cámaras. |
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Ex Presidente de Bolivia Carlos Mesa |
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Ahora bien, un rechazo de estas observaciones del Presidente requiere los 2/3 de votos congresales. La aceptación de las mismas sólo la mitad más uno. Hasta la fecha no ha sido tratado el tema. Pero hay más. La Comisión de Derechos Humanos dejó de conducir el proceso. Aparentemente la razón de este cambio se encuentra en el hecho de que el nuevo Presidente (Legislatura 2004-2005) expresó su rechazo y cuestionamiento al Proyecto de Ley contrariando la opinión favorable del anterior Presidente, según lo expresado por el Diputado Juan Gabriel Bautista en varios medios de prensa.
Participación de UNFPA y USAID en la promulgación de este proyecto de Ley
Comenzó con un Informe presentado el mismo día 28 de Abril de 2004 en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados justificando y proponiendo el texto del proyecto de ley. Dicho informe menciona a UNFPA como instancia de apoyo, en:
- La contratación de servicios de consultoría para coadyuvar con el trabajo de la Comisión.
- Traslado de un grupo de parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Organizaciones de la sociedad civil (como Coordinadora de la Mujer, Centro de Investigación y Desarrollo para la Mujer-CIDEM, Oficina Jurídica para la Mujer, Católicas por el Derecho a Decidir) y asesores, a las ciudades de Lima, México D.F. y Montevideo, para recoger experiencias de los parlamentarios, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en temas de aprobación de leyes y definición de políticas públicas que reconozcan los “derechos sexuales y reproductivos”.
Luego del veto del presidente Mesa, la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados decidió realizar Audiencias Públicas de consulta ciudadana para recoger criterios que sean analizados por el Congreso, consiguiendo financiamiento de USAID y del UNFPA. Con esto se intentaba superar “políticamente” una de las observaciones del Presidente Mesa.
Se realizaron 8 Audiencias Públicas en las cuales se incurrió en innumerables vicios de nulidad. Se incumplió el Reglamento de Audiencias Públicas del propio Congreso, limitando la participación de las personas, permitiendo expresiones totalmente parciales de los moderadores, otorgando un amplio espacio a la Dra. Julieta Montaño, consultora del UNFPA y redactora de la ley, para que presente el proyecto, mientras se reducía el espacio de participación de las personas. Se aseguraron de hacer aparecer al principio de las listas a quienes estuvieron a favor. Las mismas personas viajaron a diferentes departamentos para presentar su ponencia a favor. Se admitieron representantes de otros departamentos del país, a pesar de que se llegaría al de ellos, etc.
La primera se realizó en la ciudad de La Paz. No se permitió asistentes de El Alto porque se iba a realizar una Audiencia en esta ciudad. No se presentó informe oficial pero se publicó un Boletín elaborado por SUNY PARC BOLIVIA (instancia de USAID a cargo de Luis Luna) en el que se presentó con carácter numérico las intervenciones a favor, en contra, o pidiendo revisión. Similar figura se dio en las ciudades de Oruro, Cochabamba, Sucre y Tarija, donde no se dejó inscribir a quienes expresaban rechazo al proyecto. Sin embargo el rechazo popular fue bastante evidente.
Pero en Santa Cruz, Trinidad y Cobija la cosa fue diferente. El rechazo fue contundente, llegando a un 90 e incluso 95% de los expositores. Incluso en Santa Cruz el número de participantes cuadruplicó a las otras ciudades. El Comité Cívico de Santa Cruz, a través del grupo Mujeres hacia la Victoria, formó una comisión que estuvo permanentemente en las Brigadas Parlamentarias vigilando para que no se dejara fuera a las personas que querían expresar su rechazo.
Finalmente, las Audiencias Públicas en las ciudades de Potosí y El Alto no se realizaron. Primero por conflictos sociales y después porque ya se habían manifestado diversos grupos e Iglesia en las calles rechazando el proyecto.
Hasta ahora la Comisión de Política Social no ha presentando formalmente los informes de las Audiencias y se conoce que el UNFPA a través de grupos (ONG) feministas quiere cuestionar y hacer anular las Audiencias de Santa Cruz, Trinidad y Cobija porque no pueden ocultar el rechazo manifestado.
La Paz, septiembre de 2005
Ver :: Boletín 25 (30/09/2005) |
