Al describir el proceso evolutivo de su pensamiento y acción señalan lo siguiente:
“La sexualidad, especialmente el aborto, fue crucial en la década de los setenta como visibilización de la problemática femenina, donde en el derecho al cuerpo se jugaron las percepciones de la diferencia y la igualdad. En los años ochenta y noventa las conferencias internacionales, conjuntamente con las ONGs como nuevas formas de participación de las mujeres...En estas dos últimas décadas los derechos sexuales y reproductivos surgieron en una doble dimensión: como caracterización teórica de las necesidades de las mujeres y como eje articulador de las demandas”
Es decir, no han cambiado sus objetivos primarios (legalizar el aborto entre otras cosas) sino que se han reinventado bajo un nuevo discurso (derechos sexuales y reproductivos). En otras palabras, la agenda de estos grupos donde se inscribe como necesidad de legalizar el aborto tiene como punto focal y como discurso vendedor a los “derechos sexuales y reproductivos”. El resultado es que quienes “compran derechos sexuales y reproductivos” no saben a todo lo que están abriendo la puerta. Por otro lado, les es más fácil combatir a quiénes se oponen a sus propuestas calificándolos como opositores a la libertad y los derechos de las mujeres.
Quizás un ejemplo puede ilustrar el punto. Hace dos días en un noticiero de la televisión peruana entrevistaron a unas señoras humildes de una provinciana serrana que habían participado en el programa Reprosalud del movimiento feminista Manuela Ramos y financiado por USAID. En resumen estas señoras dijeron que estaban felices porque les habían enseñado a hacer respetar sus “derechos reproductivos” y que sus maridos ahora las trataban muy bien, y que agradecían mucho al programa. Acto seguido le preguntaron a Susana Moscoso de Manuela Ramos acerca del impacto del programa en estas mujeres. Y ella respondió que era muy exitoso porque la tasa de uso de anticonceptivos había pasado de 5% a 23% en esa zona.
Y aunque esta respuesta más o menos expresa la dirección a donde apunta el programa ¿se preguntará que tiene que ver esto con el aborto? La respuesta es: tiempo para cambiar la situación legal del aborto. En la revista “Quality/Calidad/Qualité” No.10, 2001 publicada por el Population Council, pág.16 mencionan que las miembros de Manuela Ramos en Reprosalud entre ellas Susana Moscoso “han tenido que sacrificar su posibilidad de expresarse libremente en referencia al aborto”, “porque el gobierno de los Estados Unidos—presionado por políticos opuestos al aborto en ese país—ha vuelto a aplicar una política que prohibe el financiamiento de cualquier proyecto que proporciona abortos, deriva para abortos, o incluso promueve reformas relativas al aborto”. (ver http://www.popcouncil.org/pdfs/qcq/qcq10sp.pdf ) Hoy día no lo dicen pero con seguridad no es porque no estén trabajando para ello.
¿Cuáles son estos nuevos modos de acción?
a) la reinterpretación ideológica de la CEDAW y otros tratados internacionales en derechos humanos.
b) la multiplicación de ONGs a favor de los derechos sexuales y reproductivos (ver por ejemplo http://www.convencion.org.uy/menu1-13.htm )
c) el uso de los litigios internacionales y nacionales en las cortes constitucionales o en la Corte Internacional de Derechos Humanos.
d) la penetración de la ideología de género en el ámbito de las políticas públicas.
e) la denominación de salud sexual y reproductiva a todos los programas de planificación familiar.
f) la representatividad en la sociedad civil para influir en la política y el gasto públicos.
g) la atención al aborto incompleto para ir creando servicios de aborto quirúrgico y médicos capacitados en hacer esos procedimientos mientras no se aprueba una ley que despenalice el aborto.
h) el trabajo comunicacional centrado en la exageración de muertes maternas para sensibilizar hacia la necesidad del aborto legal.
i) el trabajo de demolición a la Iglesia Católica y a sus representantes bajo la excusa del “estado laico”.
j) el trabajo de lobby permanente con parlamentarios para suscitar proyectos de ley de “salud reproductiva” para seguir con otros sobre “derechos reproductivos”, “autonomía sexual” y “orientación sexual” demás eufemismos para socavar la protección legal a la vida y a la familia.
k) la venta e implementación de programas públicos de “anticoncepción de emergencia”
Son relativamente nuevos pero siguen patrones similares que pueden ser identificados. El manejo de la información adecuada con respecto a algunos de ellos ha sido muy útil para enfrentar mejor algunas coyunturas en nuestra región.
En estos días se ve una ofensiva en todo el continente para ganar espacios jurídicos y políticos a favor del aborto legal. Tres ejemplos: el caso argentino, el brasileño y el colombiano.
Esta rápida mirada muestra sospechosas coincidencias en estos dos eventos que podrían parecer aislados. Pero en política no hay coincidencias y no hay que ser muy suspicaz para advertir las conveniencias que están presentes en estos lobbys que se mueven a nivel continental. El gran problema es que la gente real es, nuevamente, la que queda fuera de los cálculos de los que tienen el poder.
El 14 de Mayo fue presentada una demanda en la Corte Constitucional. En ella se solicita que no se penalice el aborto (1) cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer, (2) que el embarazo sea resultado de un “acceso carnal o acto sexual” sin consentimiento (3) que exista una grave malformación del feto incompatible con la vida extrauterina. Para efectos estrictamente legales la demanda es presentada por Mónica Roa, una abogada colombiana supuestamente preocupada por la salud de las mujeres y los derechos constitucionales de su país.
Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Mónica Roa es un miembro del Center for Reproductive Rights (CRR), una poderosa organización que promueve el aborto a demanda como uno de los derechos reproductivos (http://www.crlp.org/esp_about.html ). Asimismo es autora de un extenso artículo titulado: “¿Qué rol juegan los litigios internacionales en la promoción y desarrollo de los derechos reproductivos en América Latina?”, que no es sino la descripción de una metodología para minar la protección al niño por nacer y darle cabida a supuestos “derechos reproductivos” como el aborto. Es decir, su calculada solicitud de despenalizar el aborto en algunos casos no es sino un paso, una etapa en el proceso de legalizar el aborto a demanda tal como rezan los principios del CRR.
Aunque en anteriores oportunidades la misma Corte Constitucional había declarado que la despenalización del aborto era inconstitucional y tenía el status de cosa juzgada, Roa declara que hay nuevos elementos a considerar en virtud a las recomendaciones hechas por los comités de monitoreo de tratados de derechos humanos “para liberalizar la ley que penaliza el aborto en todas las circunstancias”. Entre ellos y principalmente, cita al Comité de la CEDAW. Sobre la legitimidad de este Comité y de estas “recomendaciones” ya nos hemos ocupado en anteriores boletines (http://www.lapop.org/boletin/boletin12.html )
En el caso de Argentina el affaire más fuerte en este sentido fue el generado por los dichos del Ministro de Salud, Ginés González, en el sentido de que sería bueno despenalizar el aborto. Frente a estos dichos el Obispo Castrense, Monseñor Basseotto, reaccionó conminándolo a que deje de hacer “apología del delito” o renuncie.
La respuesta del gobierno fue hacer una interpretación tergiversada de la carta de Basseotto, generando un conflicto diplomático que llevó a las relaciones entre Argentina y el Vaticano a su nivel más tenso.
Así ocultaron la verdadera materia del problema: el lobby de un funcionario a favor de un delito como el aborto. Y nuevamente la consabida receta de exagerar las muertes maternas. El Ministro del Interior, Aníbal Fernández, al defender a su par dijo: “Que esté a favor del aborto no lo hace un abortista” (¿Lo hará entonces en un “pro vida”?).
El otro ejemplo es el de Brasil. Allí se ha aprobado la “Norma Técnica de Atención Humanizada del Aborto”.
Es importante señalar que en Brasil el aborto en caso de violación no es penado, hasta ahora el procedimiento consistía en contar con un reporte policial que apoye la denuncia de violación.
Con la nueva norma basta con la palabra de la paciente para que el médico estatal esté “obligado” a practicarle el aborto. Esto abre las puertas a que cualquier mujer argumente haber sido violada (sea o no verdad) para “usar los servicios del Estado para practicarse un aborto”.
Pero ¿cómo puede un servicio estatal estar apto para realizar abortos siendo esto ilegal? Existe en los servicios ginecológicos de emergencia un método llamado AMEU (Aspiración Manual Uterina), procedimiento necesario para atender abortos incompletos, ya sean espontáneos, ya sean provocados (ilegales en este caso).
La estrategia consiste en capacitar a los médicos en el uso de AMEU pero con un “plus” para que puedan convertirse en proveedores de servicios de aborto.
Esto lo explica el documento “Incrementando el Acceso al Aborto Seguro: Estrategias para la Acción” de la International Women´s Health Coalition (IWHC). El documento establece:
“La experiencia del personal de servicios de salud en el tratamiento de las complicaciones de abortos puede ayudarles a entender (...) que está en su capacidad entregar dichos servicios” ( pág.15).
Así viene sucediendo en el hospital Jabaquara, como explicamos en el boletín 14 (ver http://www.lapop.org/boletin/boletin14.html )
La estrategia es clara: "asegurar la prestación de servicios hasta el máximo permitido por las leyes existentes ayuda a preparar el camino para un acceso más amplio. Hacer saber a las autoridades ligadas a hospitales acerca de las leyes existentes, capacitar a los profesionales de salud para las técnicas abortivas y equiparlos con recursos adecuados, son pasos que pueden cambiar las actitudes negativas de las que buscan estos servicios”.
Por último no falta el interés económico. IPAS (International Project Assistance Services) es la organización que distribuye el equipo AMEU en todo el mundo.
Si el lector entra a www.ipas.org encontrará que IPAS se ufana de “tener un rol clave en el entrenamiento y apoyo a la nueva generación de proveedores de abortos en EEUU”.
Al ir al link http://www.ipas.org.br/evolucao.html aparece un plan de acción que está planeado en tres pasos: primero, implementar AMEU; segundo “contribuir a la humanización (sic) de los tratamientos Post-aborto”; y tercero, entrenar equipos de salud para abortos “autorizados por ley”. Ahora que la ley es tan “flexible” y “humanizada”, todos los negocios de IPAS probablemente florezcan en Brasil.
Ver ::
Boletín 16 (25/05/2005)
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