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Boletín 230: " Feministas que apoyaron a Fujimori en las esterilizaciones hoy lo acusan."

 

feministas hipocritas

31 de Enero, 2014

 

DEMUS, CLADEM, Manuela Ramos y otras organizaciones feministas que aplaudieron y acompañaron a Fujimori en legalizar e introducir las esterilizaciones en todo el país entre 1996 y 1998, hoy día lo denuncian “rasgándose las vestiduras”. La exculpación de la Fiscalía de la Nación a Alberto Fujimori y tres de sus ministros de Salud ha resucitado sus iras. Sin embargo, mayor es la indignación que han despertado en quienes no olvidan que ellas estuvieron desde el principio con Fujimori.

Maruja Barrig, una de las mayores representantes del feminismo en Perú, en su libro “Persistencia de la Memoria. Feminismo y estado en el Perú de los 90”, accesible en internet en http://bit.ly/1bdDBWx  explica que las feministas no protestaron contra las esterilizaciones desde el principio porque formaban parte de una misma coordinación conocida como la Mesa Tripartita. Esta Mesa Tripartita tenía como objetivo implementar la salud reproductiva en el Perú (esterilizaciones incluidas) en 1997 y allí reunieron los esfuerzos de gobierno, cooperación internacional y ONGs privadas.


Fueron estas mismas feministas que ahora se rasgan las vestiduras las que celebraron la modificación a la Ley Nacional de Población en octubre de 1995 para incluir la esterilización como método de Planificación Familiar. Y finalmente recibieron muchísimo dinero de USAID precisamente desde 1995 para sumarse al Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva en el gobierno de Fujimori.


Manuela Ramos recibió 25 millones de dólares de USAID en un solo proyecto llamado "Reprosalud" entre 1995 y 2000 para “Aumentar la utilización de métodos de planificación familiar y otros servicios seleccionados de salud reproductiva en las áreas objetivo (varías provincias del interior del Perú)”. En la página 5 del Proyecto Reprosalud, escrito originalmente en inglés, se establece que el propósito de este proyecto “se adecua perfectamente con las políticas de gobierno del Perú” para “cubrir áreas rurales y urbano marginales, utilizando organizaciones públicas y privadas como implementadores”. Esto es, financiaron a estas mismas organizaciones feministas haciendo “salud reproductiva” para aumentar las usuarias de métodos de “planificación familiar”, se produjeron miles de esterilizaciones no voluntarias e incluso muertes de mujeres.


¿Es que las Manuelas trabajaron allí en esas zonas y no vieron nada entre 1996 y 1997? ¿Por qué no dijeron nada sino hasta que la Iglesia Católica comenzó a denunciar estos hechos? Por el contrario, mientras la Iglesia Católica denunciaba las esterilizaciones forzadas desde 1995 como la misma Barrig reconoce, las Manuelas Ramos apañaban a Fujimori. “Nosotros estamos de acuerdo con los programas de Planificación Familiar porque es un derecho elegir cómo cuidarnos. El problema es que la Iglesia se ha ido al otro extremo y ha generado caos y confusión entre los peruanos (Declaraciones de Gina Yáñez del Movimiento Manuela Ramos a La República 22.2.98)”.


¿Acaso no se unieron a la protesta tardíamente y solo cuando se detuvo toda la cooperación internacional de USAID por una investigación presentada por Population Research Institute en el Congreso de USA? La respuesta es muy simple. Manuela Ramos y las demás organizaciones feministas cambiaron de bando solamente porque les resulta conveniente a sus fines institucionales. Hoy, vuelven a la carga contra un Fujimori preso cuando antes aplaudieron al Fujimori en el poder.
Todo esto confirma que luego de 25 millones de dólares en chicharrones, ahora andan en búsqueda de otro chancho.

 

Alguna citas reveladoras del libro de Barrig


La Mesa Tripartita la conformaron, según Maruja Barrig: el Estado: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, PROMUDEH, Secretaría de Cooperación Técnica Internacional (SECTI), INEI, Ministerio de RREE y Comisión de la Mujer del Congreso. Por las agencias de cooperación: UNFPA, OPS, AID y Unión Europea. Organizaciones de la sociedad civil: ONGs (Flora Tristán, Manuela Ramos, Red Nacional de Promoción de la Mujer, REDESS-Jóvenes, APROPO, IMPPARES) y Universidades (ex PUCP, San Marcos y el Instituto de Estudios de Población de la Universidad Cayetano Heredia) (Pág. 5).


• En la página 15 del documento de Barrig, se lee “Una de las cosas que ha limitado la capacidad de la Mesa para intervenir con oportunidad, como en el caso de las AQV "Anti concepción Quirúrgica Voluntaria" , es justamente su composición, porque es muy difícil ponerse de acuerdo allí adentro, la impresión es de que nadie quiere ‘pisar los callos’ de nadie. Apreciación compartida por otra entrevistada quien llegó a afirmar que políticamente esa Mesa está maniatada”.


• En la página 18, Barrig también afirma que “desde 1996 periodistas del diario El Comercio- y posteriormente La República-, políticos de oposición, parroquias y organizaciones de mujeres habían comenzado a detectar y difundir que estaba en marcha un programa de Planificación Familiar que priorizaba la oferta del recientemente liberado método de ligadura de trompas, entre otros medios contraceptivos, en los establecimientos públicos ubicados en las provincias más pobres del país se denunció que el convencimiento a las mujeres para ligarse las trompas estaría siendo apoyado por el ofrecimiento de alimentos, donados a postas de salud por la USAID-Prisma, a través del Programa de Alimentación para Familias en Riesgo (PANFAR)”


• “Mientras algunas voces y articulaciones feministas, se retraían y privilegiaban la fiscalización y la denuncia sobre las posibilidades de influencia directa en la política, otros grupos revaloraban estas estrategias centradas en el Estado a través de la moderación en el discurso: la negociación. Para el caso de las evidencias sobre AQV, las posibilidades de fortalecer y difundir una “tercera posición”, feminista, equidistante del gobierno peruano y de la Iglesia Católica, asombrosamente, se disolvieron” (Pág. 27).


• Barrig reconoce (nota al pie 34, Pág. 27) “la centralidad de la Iglesia Católica no sólo en el debate sino también en la acción se evidencia en el aún inédito reporte de la Defensoría del Pueblo respecto al AQV: de los 80 casos ingresados “de parte”, es decir cuando la denuncia la efectúa el o la agraviada, los familiares o una institución, 35 de ellos fueron ingresados por representantes de la Iglesia Católica y sólo ocho por ONGs de mujeres”.


• En otra entrevista realizada para el informe de Barrig, “fue un momento muy complicado para Flora Tristán [...] nos hicieron saber que poníamos en peligro lo avanzado en el Cairo y que adoptar una postura autónoma implicaba enfrentarse al Estado” (pág. 29).


• Barrig señala: “el 5 de Febrero de 1999, casi dos años después de constituirse, se publica un comunicado de la Mesa Tripartita sobre la aplicación del AQV, donde se opina que la información de que en el Perú se aplica un Programa de Esterilización” (pág. 30).


• El Presidente Alberto Fujimori, citado por Barrig, señaló que “aunque parezca difícil de creer, algunas organizaciones no gubernamentales que probablemente no tuvieron la participación presupuestal que esperaban, se sumaron a la campaña de algunos medios de comunicación y sectores políticos que, traicionando sus principios, actuaron en contra de los programas de salud reproductiva”. (Pág. 34).