Grupos feministas y de homosexuales en el Perú no vieron mejor oportunidad para cambiar el marco jurídico peruano en función a su agenda que pretender incluirlos en el proyecto del Plan Nacional de Derechos Humanos. El debate se prolongó por más de un mes entre Noviembre y Diciembre pasados.

La iniciativa de elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos no es nueva. Responde a lo establecido por la Cumbre de Derechos Humanos de Viena en 1993. Sin embargo, es evidente un lenguaje adicionado desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que nos sugiere incluir en el Plan conceptos como los de “orientación sexual”, “derechos sexuales y reproductivos”, “equidad de género” y entre las consideraciones de “salud reproductiva” se incluye que “las normas que prohíben el aborto son discriminatorias contra la mujer”.

De hecho entre los conceptos de la Cumbre de Viena y las recomendaciones del Alto Comisionado hay una diferencia notoria cuya raíz ideológica es harto conocida. Por otro lado, la Cumbre de Viena tiene carácter vinculante para los Estados parte, las recomendaciones del Alto Comisionado, no.
 

¿Qué pasó con el plan de los grupos homosexuales para el Plan?

Todas las intervenciones mediáticas de organizaciones feministas y homosexuales han coincidido en afirmar que a partir del cambio de representantes de la Conferencia Episcopal en la reunión del 15 de Noviembre de 2005 se modificó totalmente el proyecto del Plan Nacional de Derechos Humanos y fueron retiradas todas sus propuestas.
 

Fase previa al 15 de Noviembre del 2005

El Consejo Nacional de Derechos Humanos, entidad dependiente del Ministerio de Justicia, tenía el encargo de llevar adelante la elaboración del Plan. Se preparó por casi dos años. A la luz de los hechos que relatamos líneas abajo, toda esta etapa estuvo liderada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con un lobby muy activo de grupos feministas y homosexuales locales. Algunos de los talleres preparatorios tuvieron como expositores en el tema de “enfoque de género” a grupos feministas y en el de “orientación sexual” al Movimiento Homosexual de Lima y a representantes de grupos LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).

Organizaron 18 audiencias públicas en todo el país, invitaron a todos los sectores y se preocuparon especialmente de hacer participar a algunas personas vinculadas con la Iglesia Católica y el CONEP, entidad que agrupa a las instituciones evangélicas. El sentido de las audiencias era darle un matiz democrático y consensual al Plan. Levantaron un website (ver enlace) con un espacio de intervención ciudadana. Las intervenciones tanto del website y de las audiencias fueron tabuladas y convertidas en pulcros cuadros por una universidad local. Todo era una supuesta participación ciudadana hasta que llegó la hora de traducir todo eso en el texto del Plan y se evidenció un carácter radicalmente diferente.

Con la redacción del borrador del Plan comenzó a develarse toda la orquestación. Ésta fue encargada por contrato al Dr. Javier Mujica, conocido directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y asesor de un conocido político de izquierda, Javier Diez Canseco. Esta contratación fue un asunto de poca transparencia ya que la Coordinadora era uno de los miembros del Consejo. La presentación de este borrador fue justamente el punto de la citada reunión del 15 de Noviembre.

Usted no está acreditado

Una carta firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Monseñor Hugo Garaycoa, no fue suficiente en un primer momento para acreditar a un nuevo representante en la reunión del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Las excusas se multiplicaron para impedir esa incómoda presencia. “¿Ese monseñor puede autorizar el cambio’”, dijeron. “Encima de él sólo está el Papa”, fue la respuesta. Y luego “Usted tendría que tramitar esta carta por mesa de partes”, para seguir con “ya existe otro representante, es el P. Mateo Garr”. Sin embargo, dentro de la reunión ya estaba la señorita Zulma Villa Vílchez como representante de la Conferencia Episcopal!!!. Ella aún más incómoda dijo - antes de salir despavorida - haber estado en unas cuantas reuniones pues quien más había participado era Oscar Ayzanoa.

Después nos enteramos que el Sr. Ayzanoa era empleado del Ministerio de Justicia que incluso entró a una de las reuniones a aclararnos un asunto técnico. El rigor para la acreditación del nuevo representante contrastaba con la complacencia para los antiguos y ante la pobre argumentación mostrada, el secretario ejecutivo del Consejo, Dr. José Burneo, no tuvo otra opción que aceptar el ingreso.

La reunión se limitó a una presentación muy resumida de un documento de 615 páginas, publicado en el website el día anterior sólo 15 horas antes. Increíblemente nadie protestó por el hecho (tampoco nadie parecía desvelado). El tenor de la reunión fue que debían esperar 10 días para recibir opiniones e incorporarlas al texto para darle aprobación. El único que intervino fue el representante de la CEP preguntando cuáles serían los pasos para llegar a una versión definitiva del Plan. Pregunta que desataría las alarmas puesto que para todos ése era el Plan. En ese momento sólo dijeron que su opinión sería tomada como una más, ya que la CEP ya había expresado su opinión a través del P. Mateo Garr y con ello se dio por terminada la sesión.
 

Reuniones posteriores

Lo que siguió fue pasar por alto las opiniones de la CEP y cambiar lo mínimo posible el Plan. El vicio principal de ese borrador era incluir conceptos y propuestas que afectaban el marco jurídico vigente: equidad de género, derechos sexuales y reproductivos, despenalizar el aborto, incluir el término de “orientación sexual” como criterio de no discriminación y un sin número de cambios en la Constitución.

Uno de los argumentos que más ayudó a lograr los cambios fue que un Plan es una política pública y no es la forma de proponer nuevos conceptos jurídicos pues para eso existen otros mecanismos constitucionalmente ya establecidos (por ejemplo un proyecto de ley en el Congreso).

Luego de varias reuniones donde se trataron de objetar las observaciones de la CEP finalmente, el viceministro de Justicia, Dr. Jaime Reyes, nos dijo que se quitarían todos los temas polémicos y nos pasarían un nuevo documento para una reunión maratónica el día 25 de Noviembre. Dicho documento llegó el 24 en la noche para que no haya tiempo de leerlo.

Con mucha lucha uno a uno fueron desechándose los temas polémicos – – pero donde neciamente no quisieron dar marcha atrás fue sobre el concepto “orientación sexual” a pesar de que se expusieron argumentos poderosos para desechar ese término.

Violación a los derechos humanos, allí donde se dicen defenderlos

En medio de esta reunión comenzó a circular un mail del Movimiento Homosexual de Lima donde daban cuenta de lo que iba pasando en la reunión y agrediendo a los representantes de la CEP por no reconocer los derechos de las personas con diferente “orientación sexual”. El mail había sido enviado ese mismo día a las 19:53 horas. Una copia fue entregada al viceministro quien momentos después comprobó que había un “infiltrado” y que varios miembros supuestamente independientes tenían un discurso que provenía del mismo lugar. El Sr. Mujica, el Dr.

Burneo y el Sr. Alejandro Silva representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos repitieron palabra a palabra todos los argumentos expuestos en el mail del Movimiento Homosexual de Lima. A partir de allí quedó claro que todos ellos representaban un solo frente.
 

El día lunes 28 de Noviembre a primera hora continuó la reunión. Los mails de ataque a la Conferencia Episcopal y la filtración de información continuaron. Terminó la reunión en la tarde y tampoco pudimos ponernos de acuerdo en lo de “orientación sexual”.

Un punto importante del debate fue que uno de los principios rectores del Plan era el consenso y que la misma discusión del término hacía aconsejable su exclusión de la presente redacción del Plan, sin perjuicio que en el futuro pudieran haber adiciones como lo señaló claramente el Presidente de la Conferencia Episcopal en carta dirigida al Ministro de Justicia, expresando su oposición al término orientación sexual. Pero la insistencia del lobby “gay” comenzó a aparecer en los medios de comunicación. La presión política creció y todo ello llevó al viceministro de Justicia, Dr. Jaime Reyes, a usar su influencia política y operativa como Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos para manipular y favorecer este lobby “gay” ignorando todas las opiniones contrarias. Entre ellas están no sólo la nuestra sino también la del CONEP, otros sectores del ejecutivo, un grupo de congresistas de diversas agrupaciones políticas y numerosas organizaciones de la sociedad civil.
 

A estas alturas el texto salió del ámbito del Consejo para pasar por los consejos de viceministros y Consejos de ministros. En una muestra de indefinición política e imprecisión jurídica sin precedentes, el Viceministro Reyes acuñó el término de “orientación /índole sexual”. Sin embargo , al estar claro que era un intento de no desechar el término “orientación sexual”, las críticas llegaron de otros sectores del Ejecutivo. Principalmente del Ministerio de Defensa pues la Fuerzas Armadas entendieron perfectamente que este término se convertiría en un dolor de cabeza para el funcionamiento de la institución militar.

En el Consejo de Ministros el Presidente de la República, Dr. Alejandro Toledo no estuvo presente a la hora del debate sobre el inédito término “orientación /índole sexual”, razón por la cual el texto no sufrió mayores modificaciones.
 

Epílogo
El Plan salió aprobado por Decreto Supremo el día 10 de diciembre pero a diferencia de la ceremonia en Palacio de Gobierno anunciada meses atrás por el presidente y el Presidente del Consejo de Ministros, sólo tuvo una ceremonia muy privada en el Ministerio de Justicia. El rechazo al término “orientación sexual” ya ha sido expresado firmemente en una comunicación oficial de la Conferencia Episcopal a la Presidencia de la República. Miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y representantes de grupos LGBT ya han adelantado que protestarán y quizás demandarán al Estado peruano por discriminación en las cortes internacionales. Crece la incertidumbre sobre el inicio de acciones programadas en el plan. Crece simultáneamente la certeza de que habrá que tomar una decisión para que el Plan no nazca muerto por falta de consenso social.