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¿Por qué tanto interés en una ley sobre derechos sexuales y
reproductivos?
En las décadas de los 70`s y 80`s eran las asociaciones de
planificación familiar (sucursales de la IPPF) y sus voceros
quienes hablaban de la “explosión demográfica” y la imperiosa
necesidad de programas de planificación familiar para
garantizar el desarrollo de nuestros pueblos. Pasaron los años
y se implementaron la mayoría de esos programas. Al principio
se pusieron en marcha con donaciones de UNFPA y USAID en medio
de un discurso de “ayuda al desarrollo de los pueblos”. Luego
los gobiernos debieron pagar por los anticonceptivos y resultó
que esas donaciones fueron sólo muestras gratis. UNFPA y USAID
siguieron participando sólo que ahora relacionadas con la
comercialización (según consta en copias de contratos en
nuestro poder).
Pero hoy la realidad nos muestra que
“el remedio fue peor que la enfermedad”.
Tasas de natalidad reducidas a la mitad o a la tercera parte,
menos nacimientos, menos gente joven, una población más
envejecida y, en general, una tendencia a la
“implosión demográfica”.
Y no hablamos de Europa o Japón, hablamos de nuestros países
latinoamericanos. También nosotros deberemos atender a un gran
contingente de personas mayores pero sin los recursos de los
países desarrollados (y más pronto de lo que algunos suponen).
Y claro, contrariamente a las promesas de los antinatalistas,
se agudizará la pobreza amén de otros problemas como el
colapso del seguro social y de pensiones.
Esta realidad bastaría para detener los programas
antinatalistas. Pero eso sería terminar con la existencia de
muchas organizaciones “civiles” y disminuir el lucro de
algunos laboratorios farmacéuticos.
Por eso ya no son los demógrafos los que salen al frente. Son
más bien las organizaciones feministas. Ayer eran técnicos
(médicos o demógrafos) en su mayoría varones, hoy son mujeres,
“luchadoras por sus derechos”. Antes era por una supuesta
“necesidad social”, actualmente se trata de un supuesto
“derecho individual”.
Lo que permanece invariable es el resultado final: nos siguen
vendiendo los anticonceptivos
(después será el aborto).
Cuando un producto está en riesgo de salir del mercado, una de
las alternativas que sugiere la mercadotecnia es cambiar los
parámetros de pensamiento sobre ese producto. Es por eso que
ahora ya no importa la demografía. Necesitaban una nueva
estrategia para seguir vendiendo. La nueva estrategia consiste
en llevar al extremo una visión negativa de procrear y criar
hijos. Esa visión se ha plasmado en el discurso de los
“derechos sexuales y reproductivos”.
Para tal efecto, la llamada “ideología de género” ha sido el
vehículo ideal y necesario. El “género” se “crea” al gusto del
sujeto. Esto permite vivir la sexualidad sin ningún parámetro
dado que el género es algo arbitrario. Un ejemplo (y no el
único) es el proyecto de ley 810 del Parlamento Boliviano,
“Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos”, en su art.
2º describe el “derecho sexual” como:
“El derecho a vivir una
sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin
más límites que los expresamente señalados por Ley y los
derechos de otras personas”. ¿Y qué conductas sexuales pueden
estar incluidas? No lo dice.
Lo que sí es evidente es que organizaciones feministas pro
aborto, asociaciones de homosexuales y otras ligadas al
negocio de la anticoncepción, así como UNFPA y USAID vienen
apoyando la promulgación de esta ley.
Los siguientes artículos del mencionado proyecto de Ley
obligarían al Estado a garantizar estos
“derechos individuales”
con fondos públicos e incluso castigar a aquellos que se
opongan o no cumplan con ofrecer estos servicios. Finalmente
todo cobra sentido con un marco legal y políticas públicas
como éstas que buscan mantener vigente la demanda de
anticoncepción en los mercados público y privado. No importa
que los datos demográficos, económicos o de cualquier otro
tipo digan que esto es peligroso para el futuro del país. Lo
importante es mantener intacto el negocio.
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Carlos Polo
Samaniego |
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Director de la Oficina para América Latina |
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Population Research Institute |
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Luego del veto presidencial a un proyecto de ley que
creaba los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia,
el Fondo de naciones Unidas para Actividades en Población
(UNFPA) y USAID realizan denodados esfuerzos por
reintentar su promulgación. Actualmente están financiando
la realización de Audiencias Públicas totalmente
manipuladas para presionar a los parlamentarios. Aún así
el pueblo está expresando su rechazo a este proyecto de
ley. Esto ha llevado a los organismos internacionales a
publicar sesgadamente los resultados de la consulta
popular dejando fuera Asambleas enteras donde el resultado
les ha sido adverso.
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La situación actual del país, en época pre electoral, ha
distraído totalmente la atención de los parlamentarios que
posiblemente trasladen el tratamiento del proyecto de ley
810 a los parlamentarios entrantes, debido a la polémica
que se ha generado. |
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Inusitada celeridad al presentarse el
proyecto de ley
Parecía que algunos parlamentarios bolivianos se habían
propuesto implantar un récord al tratar de promulgar el
Proyecto de “Ley Marco sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos”. Desde la presentación del proyecto de ley
sólo les tomó
8 días calendario
para conseguir su aprobación tanto en las Comisiones como
en los plenos de la Cámara de Diputados como la de
Senadores.
Lo “curioso” es que la celeridad no es un hábito en ellos.
La evidente intención era sorprender a muchos de sus
colegas violando casi todas las disposiciones
reglamentarias del Congreso Boliviano pues precisamente
éstas permiten el análisis y debate de los proyectos de
ley tomando más tiempo. No deja de producir indignación
que ante tantas necesidades urgentes del pueblo boliviano
se haya soslayado otros proyectos que esperaban ser
debatidos.
Recibido un día miércoles 28 de abril de 2004 en la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, es
tratado al día siguiente, jueves 29, y aprobado en las
estaciones grande y detalle en una sesión en la que no se
pudo ni siquiera constatar la presencia de quórum
requerida por el Reglamento de la Cámara y la propia
Constitución Política del Estado. Por supuesto no pudo ser
considerado en la agenda semanal de temas a tratar y los
parlamentarios no pudieron haber recibido el documento con
oportunidad para su revisión y análisis.
Aprobado el Proyecto de Ley 810 en la Cámara de Diputados
(Cámara de Origen) es remitido a la Cámara de Senadores
(Cámara Revisora) en la cual día miércoles 5 de mayo es
aprobado en grande y detalle, con un informe de la
Comisión de Trabajo, Asuntos de Género y Generacionales,
que es presentado en la misma sesión, sin dar oportunidad
de análisis y revisión a los parlamentarios. No se tomó en
cuenta a la Comisión de Hacienda, Política Económica y
Crediticia, que debía prever el respaldo económico para el
cumplimiento de la Ley, así como a las Comisiones
relacionadas con el tema salud de ambas Cámaras.
Contenido del Proyecto de Ley
En la compilación de disposiciones existentes sobre el
tema manifiestan que es necesario reemplazar un inadecuado
enfoque punitivo y de salud por un “enfoque integral de
derechos”. Bajo esta “concepción ampliada de derechos
humanos”, introducen en la legislación boliviana el
concepto de “derechos sexuales y reproductivos”, en
concordancia con corrientes contemporáneas en derechos
humanos y derechos de la mujer y compromisos
internacionales asumidos por el país. Asimismo indican que
al aprobar la ley se estará dando cumplimiento a los
compromisos asumidos en las Conferencias Mundiales de
Derechos Humanos (Viena 1993), Población y Desarrollo
(Cairo 1994) y Mujer (Beijing 1995), así como las
Convenciones Internacionales vinculadas. La relectura
ideológica que se hace sobre estas reuniones ya ha sido
descrita en algunos de nuestros boletines anteriores.(Ver
www.lapop.org )
Por tratarse de una ley marco, definen los derechos y el
rol del Estado en la promoción, protección y garantía de
cumplimiento. La implementación gradual y progresiva de
normas específicas se delegan al Poder Ejecutivo a través
de Políticas Públicas.
En las conclusiones mencionan que el Proyecto responde a
requerimientos de la sociedad (los que en realidad nunca
se conocieron). Menciona que Bolivia es un Estado Laico en
el que los Poderes son independientes en el ejercicio de
sus atribuciones por lo cual
“...no se realizaron consultas expresas a iglesias ni
sectas religiosas”.
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Veto del Presidente Carlos Mesa
Una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Senadores
fue sancionado y remitido al Presidente de la
República para su promulgación. El Presidente de
entonces, Carlos Mesa, vetó y observó el proyecto de
ley señalando sus motivos. En primer lugar mencionó
que el Proyecto hace referencia a derechos “relativos”
que tocan valores esenciales para el ser humano.
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Ex Presidente de Bolivia Carlos Mesa |
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Además que los Convenios Internacionales
“recomiendan”, no obligan, y deben armonizarse con
otros derechos de la Legislación Nacional. Finalmente
que la consulta realizada no fue suficiente. Señaló
también que estas observaciones deberían ser tratadas
más ampliamente en Congreso, en ambas Cámaras.
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Ahora bien, un rechazo de estas observaciones del
Presidente requiere los 2/3 de votos congresales. La
aceptación de las mismas sólo la mitad más uno. Hasta la
fecha no ha sido tratado el tema. Pero hay más. La
Comisión de Derechos Humanos dejó de conducir el proceso.
Aparentemente la razón de este cambio se encuentra en el
hecho de que el nuevo Presidente (Legislatura 2004-2005)
expresó su rechazo y cuestionamiento al Proyecto de Ley
contrariando la opinión favorable del anterior Presidente,
según lo expresado por el Diputado Juan Gabriel Bautista
en varios medios de prensa.
Participación de UNFPA y USAID en la promulgación de este
proyecto de Ley
Comenzó con un Informe presentado el mismo día 28 de Abril
de 2004 en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados justificando y proponiendo el texto del proyecto
de ley. Dicho informe menciona a UNFPA como instancia de
apoyo, en:
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La contratación de servicios de consultoría para coadyuvar
con el trabajo de la Comisión.
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Traslado de un grupo de parlamentarios de la
Comisión de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo,
Organizaciones de la sociedad civil (como
Coordinadora de la Mujer, Centro de Investigación
y Desarrollo para la Mujer-CIDEM, Oficina Jurídica
para la Mujer, Católicas por el Derecho a Decidir)
y asesores, a las ciudades de Lima, México D.F. y
Montevideo, para recoger experiencias de los
parlamentarios, gobiernos y organizaciones de la
sociedad civil en temas de aprobación de leyes y
definición de políticas públicas que reconozcan
los “derechos sexuales y reproductivos”.
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Luego del veto del presidente Mesa, la Comisión de
Política Social de la Cámara de Diputados decidió realizar
Audiencias Públicas de consulta ciudadana para recoger
criterios que sean analizados por el Congreso,
consiguiendo financiamiento de USAID y del UNFPA. Con esto
se intentaba superar “políticamente” una de las
observaciones del Presidente Mesa.
Se realizaron 8 Audiencias Públicas en las cuales se
incurrió en innumerables vicios de nulidad. Se incumplió
el Reglamento de Audiencias Públicas del propio Congreso,
limitando la participación de las personas, permitiendo
expresiones totalmente parciales de los moderadores,
otorgando un amplio espacio a la Dra. Julieta Montaño,
consultora del UNFPA y redactora de la ley, para que
presente el proyecto, mientras se reducía el espacio de
participación de las personas. Se aseguraron de hacer
aparecer al principio de las listas a quienes estuvieron a
favor. Las mismas personas viajaron a diferentes
departamentos para presentar su ponencia a favor. Se
admitieron representantes de otros departamentos del país,
a pesar de que se llegaría al de ellos, etc.
La primera se realizó en la ciudad de La Paz. No se
permitió asistentes de El Alto porque se iba a realizar
una Audiencia en esta ciudad. No se presentó informe
oficial pero se publicó un Boletín elaborado por SUNY PARC
BOLIVIA (instancia de USAID a cargo de Luis Luna) en el
que se presentó con carácter numérico las intervenciones a
favor, en contra, o pidiendo revisión. Similar figura se
dio en las ciudades de Oruro, Cochabamba, Sucre y Tarija,
donde no se dejó inscribir a quienes expresaban rechazo al
proyecto. Sin embargo el rechazo popular fue bastante
evidente.
Pero en Santa Cruz, Trinidad y Cobija la cosa fue
diferente. El rechazo fue contundente, llegando a un 90 e
incluso 95% de los expositores. Incluso en Santa Cruz el
número de participantes cuadruplicó a las otras ciudades.
El Comité Cívico de Santa Cruz, a través del grupo Mujeres
hacia la Victoria, formó una comisión que estuvo
permanentemente en las Brigadas Parlamentarias vigilando
para que no se dejara fuera a las personas que querían
expresar su rechazo.
Finalmente, las Audiencias Públicas en las ciudades de
Potosí y El Alto no se realizaron. Primero por conflictos
sociales y después porque ya se habían manifestado
diversos grupos e Iglesia en las calles rechazando el
proyecto.
Hasta ahora la Comisión de Política Social no ha
presentando formalmente los informes de las Audiencias y
se conoce que el UNFPA a través de grupos (ONG) feministas
quiere cuestionar y hacer anular las Audiencias de Santa
Cruz, Trinidad y Cobija porque no pueden ocultar el
rechazo manifestado.
La Paz, septiembre de 2005
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